La decisión del Gobierno de poner fin a la publicidad obligatoria de los acuerdos societarios en los diarios, recogida en la polémica Ley de Economía Sostenible, supondrá una merma considerable de ingresos en los periódicos, cuyos departamentos comerciales ya echan cuentas. En los diarios económicos supone de media un 11 % de la inversión publicitaria total, según fuentes del sector; pero para las cabeceras generalistas, el daño no es menor, ya que este tipo de ingresos son recurrentes en un momento en que los anuncios en general caen a un ritmo del 30 %. En la prensa regional, por su parte, supone entre 300.000 y 500.000 euros menos al año.

Cuenta El Confidencial que en los medios temen que el siguiente paso del Ejecutivo sea eliminar anuncios clasificados. De hecho, ya podrían "estar en ello" si se tiene en cuenta que la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha asegurado que eliminar la publicidad de contactos "es una prioridad" del Ejecutivo, aunque por ahora ha abogado por la autorregulación de los medios.

Este escenario sería casus belli para la prensa, que en algún caso ingresa más de cinco millones al año por este concepto. El 7,5 % del total de la facturación publicitaria viene por clasificados. De entre ellos un 58 % son de relax y el 20 % inmobiliarios, según algunas fuentes. A modo indicativo, un diario como El País facturó en publicidad 170 millones de euros en 2008.

La publicidad por anuncios societarios no se cobra al mismo precio que la publicidad normal, sino que es algo más barata, con el fin de que no sea tan gravoso para las empresas que están obligadas a pagarla. Si un módulo en condiciones normales cuesta 170 euros, en ese caso particular se queda en 140.

La indignación de los editores con el Gobierno se agrava por el hecho de que la decisión de eliminar los anuncios societarios incluida dentro del anteproyecto de la Ley de la Economía Sostenible, se produce en paralelo a una disminución exponencial de la publicidad institucional. El Ejecutivo anunció en su momento que en 2009 invertiría 151,9 millones en campañas gubernamentales, lo que suponía una reducción del 19 % respecto a 2008 y del 43,3 % en relación a 2007.