El Gobierno tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros un anteproyecto de ley de publicidad institucional que tendrá dos elementos centrales: por un lado, obligará a todos los medios, grandes y pequeños, a hacer pública su propiedad, para que los lectores, oyentes y espectadores puedan conocer quiénes son sus dueños por si hubiera conflictos de intereses, y por otro prohibirá que ningún medio pueda tener del total de sus ingresos más de un 35 % de publicidad institucional o dinero público.
La norma tiene previsto llegar al Consejo de Ministros este martes. En un primer momento, a finales del año pasado, el Gobierno se echó atrás con esta limitación. Entonces se hablaba del 30 %, ahora del 35 %, pero en cualquier caso se ha decidido recuperarla con modificaciones.
El objetivo de esta ley es el de evitar que instituciones como gobiernos autonómicos o locales puedan estar financiando medios sin viabilidad económica, sin apenas audiencia, prácticamente sin ingresos privados vía publicidad o suscripciones, pero que se convierten en instrumentos al servicio de esos gobiernos que los financian.
Según los cálculos del Ejecutivo, esta limitación “del 35 % de su cifra de negocios neta anual o de la del grupo al que pertenezcan”, como máximo de publicidad institucional de todas las administraciones juntas, no afectará a los medios más relevantes, de distintas líneas editoriales, porque ninguno supera esa cifra, que es muy alta.
Según fuentes del Ejecutivo, se aplicará “a los medios de comunicación y plataformas en línea cuya cifra de negocios no supere los dos millones de euros y cuya audiencia se concentre, al menos, en un 70 % en el ámbito de tres comunidades autónomas limítrofes como máximo”.
Aun así, podrían entrar en esta categoría algunos que el propio presidente, Pedro Sánchez, ha calificado sistemáticamente como “pseudomedios” y que según los cálculos que maneja el Gobierno antes de poner en marcha la ley y ver los números exactos, reciben en algunos casos más del 50 % de sus ingresos de administraciones públicas.
En cualquier caso será importante ver la letra pequeña, que se someterá a consulta pública y podrá ser retocada en las próximas semanas, porque las administraciones pueden buscar trucos para esquivar la prohibición a través de empresas públicas o semipúblicas o subterfugios similares.
Se trata de una normativa polémica, porque algunos de los más afectados podrían ser medios pequeños que están en campaña permanente contra el Ejecutivo, pero el Gobierno insiste en que lo que está haciendo es trasladar a la legislación española el espíritu de la norma aprobada en la Unión Europea por los tres grandes partidos, socialistas, populares y liberales.
La regulación exigirá a los medios “el uso de sistemas de medición de audiencia que cumplan con la norma europea que obliga a que sus metodologías sean transparentes”.
El ministro encargado de este asunto es Óscar López, de Transformación Digital, que es quien está encima del desarrollo normativo de los nuevos acuerdos en Europa para hacer frente a la desinformación, a los bulos, o también al uso fraudulento de la inteligencia artificial.
El Gobierno está llevando adelante un potente paquete de reformas que afectan tanto a los medios, al derecho a rectificación, al derecho al honor, la responsabilidad de delitos cometidos en las redes sociales como los deep fakes con desnudos simulados de menores o la prohibición del uso de las redes a los menores de 16 años.
Este afán regulatorio llega en la fase final de la legislatura, y con las dificultades parlamentarias del Gobierno, cada vez es más improbable que puedan salir adelante muchas de ellas, ya que Junts, clave para aprobar cualquier cosa, sigue en el no a casi todo y se niega a negociar abiertamente.
El PP y Vox, que se oponen tajantemente a esta regulación y hablan de censura, y además, tienen claro que se trata de una primera vuelta, con lo que aún tiene muchos meses por delante de recorrido hasta llegar al Congreso. Pero en el Ejecutivo insisten en que ellos tienen que mantener su agenda legislativa e intentar aprobar lo máximo posible en el año y medio que queda en teoría de legislatura.
