El Gobierno ha gastado 45,1 millones de euros en 43 campañas de publicidad institucional en los primeros nueve meses del año, según consta en los registros de la Plataforma de Contratación del Sector Público consultados por The Objective, una inversión que se ha adjudicado a la espera de que se ponga en marcha la ley que busca imponer nuevos criterios para el reparto.
En la práctica, muchas de las directrices que otorgan un mayor control de la publicidad institucional a La Moncloa ya están en funcionamiento, y el montante gastado por todos los ministerios en los primeros nueve meses del año equivale al 60 % de los 74 millones que ya se gastaron en 2024.
Con todo, según el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional 2025 aprobado en enero, quedan todavía por adjudicar 116 millones de euros antes de diciembre, o lo que viene a ser lo mismo, el Ejecutivo se reserva al menos 100 millones para el último trimestre en el que debería aplicar con mayor rigor estas nuevas directrices de reparto.
En los últimos cursos, la ejecución ha estado por debajo de la planificación; sin embargo, salvo en 2024, lo normal es que el Gobierno intente acercar al gasto final el máximo posible al dinero comprometido.
El año pasado se presupuestaron 138 millones y se gastaron 70; sin embargo, en 2023 fueron 145 y se ejecutaron 90; y en 2022 se aprobaron 145 y se terminaron invirtiendo 102.
Para este 2025 se presupuestaron 162 millones pero, de momento, solo se han ejecutado 45. De esta manera, el plan pasa por gastar según las necesidades que vayan surgiendo, aunque las fuentes consultadas en el sector publicitario indican que hay varias campañas que se adjudicarán en las próximas semanas.
En cualquier caso, en el mundo de las agencias no esconden su inquietud porque prácticamente nunca se había llegado a estas fechas sin gastar menos de dos tercios del dinero asignado a comienzos de año.
Por otro lado, los más críticos con la gestión de la publicidad institucional del Gobierno, a la que acusan de ser partidista y de convertirse en una plataforma de propaganda pagada con recursos públicos, ya han advertido de que es probable que se recurra a este montante tras una eventual convocatoria de elecciones antes de que finalice el año, por lo que se podria estar reservando para utilizarlo como herramienta de control de los medios.
De hecho, en 2022 y 2023, coincidiendo con los últimos comicios municipales y generales, se realizó el mayor desembolso de este tipo de inversión en quince años.
